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Urge una reforma eléctrica profunda en el país

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Urge una reforma eléctrica profunda en el país

En los últimos años ha crecido en el país la preocupación por los costos de la electricidad y el impacto que esto tiene en la productividad del país y en los usuarios.  De hecho, según un reciente estudio de CINDE el precio de la electricidad en Costa Rica aumentó significativamente en comparación con la de otros países con los que compite en atracción de inversiones.

Este costo es, en gran parte, producto de las leyes y regulaciones que rigen a esta industria. Según datos de la OCDE, las regulaciones al sector eléctrico están entre las que más impacto generan a la economía. En este contexto, no es de extrañar que las tarifas de los servicios regulados crecen mucho más que los de fijación libre. 

Si bien existe una preocupación sobre el tema, las soluciones propuestas hasta ahora resuelven solamente parte del problema. De ahí que se requiere plantear una reforma integral al sistema.

El modelo regulatorio actual en Costa Rica es, con ciertos matices, el de un monopolio verticalmente integrado. Este es el modelo típico utilizado hace cerca de 70 años, que fue muy efectivo para asegurar la cobertura y suministro del servicio en prácticamente todo el territorio nacional, así como para la introducción de fuentes renovables de energía.  Sin embargo, genera numerosas barreras para poder introducir eficiencia y bajar los costos del servicio.

Para implementar en el país las mejores prácticas internacionales en la materia, debe adoptarse una regulación moderna que incluya lo siguiente:

Separación de actividades:  Las distintas actividades de la industria deben operar de manera separada e independiente entre sí.  Algunos de estos segmentos (transmisión y distribución) son monopolio natural, y otros sí son susceptibles de introducir competencia (generación y comercialización).  Para cada uno de ellos deben diseñarse regulaciones específicas que promuevan la eficiencia de forma efectiva.  Estas reglas incluyen el acceso no discriminatorio a las redes y activos de transmisión y distribución; reestructurar la generación de electricidad para permitir mayor competencia; y crear un operador del sistema independiente y moderno.

Abandono de la noción de “servicio público”:  La concepción actual de servicio público excluye la libre participación de particulares en dichos servicios bajo un régimen de libre mercado pues el Estado asume la titularidad de la actividad y decide unilateralmente si permite a los particulares su prestación y los términos de dicha concesión.  En su lugar se propone la adopción del concepto de “Servicio Económico de Interés General”, que ha sido aplicada exitosamente en otros países.

Regulación eficiente de tarifas: La Ley de la ARESEP obliga a fijar tarifas bajo un modelo de “servicio al costo”, lo cual incentiva el aumento de los costos y la sobreinversión.  En su lugar, se han desarrollado otras herramientas regulatorias (como los precios topes, empresa modelo y regulación por comparación) que promueven la eficiencia y simulan la competencia, lo cual redunda en evidentes mejoras para los usuarios.

Papel del regulador: Una buena reforma también implicaría fortalecer las potestades, discrecionalidad e independencia del regulador, dándole la posibilidad de dictar políticas regulatorias, flexibilidad para ajustarlas en el tiempo, etc.  Lo anterior para establecer un sistema de “regulación por objetivos”, con una evaluación constante de resultados de la regulación y cambios de modelo regulatorio según se requiera.

Neutralidad competitiva: Todos los operadores del mercado, públicos o privados, deben tener la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de preferencia más allá de la competencia por méritos. 

La competencia y la regulación son aliadas: no se considera negativa la regulación ni se pretende eliminarla, sino que se propone utilizarla como vehículo para buscar un modelo competitivo que promueva una mayor eficiencia, tarifas razonables, garantía de suministro y una mejor calidad para los usuarios.

Ciertamente, modificar las regulaciones es lento de implementar.  Sin embargo, si los cambios se hacen de forma adecuada podrán generar una solución más efectiva y duradera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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