Uri Weinstok
Socio y Especialista en Competencia y Regulación
Costa Rica
[email protected]

Desde la década de los años 90 el consenso generalizado es que la competencia beneficia más a la sociedad que la planificación estatal de la economía. Así, los consumidores estarán mejor mientras las empresas tengan un estímulo permanente por ofrecer menores precios, mejor calidad y servicio, y mayor innovación.

Una preocupación básica en la promoción de la competencia es que las empresas que tienen poder de mercado no abusen de éste. Quienes abusan de su poder de mercado por lo general limitan las opciones de los consumidores, y ofrecen productos de menor calidad y mayor precio que si tuviesen competencia. Por ello, se ha dicho que el Derecho de la Competencia es asimétrico, ya que algunas de sus reglas aplican solamente a quienes tienen poder sustancial en el mercado mientras que el resto de las empresas no deben obedecerlas. La posibilidad que tienen las empresas dominantes de abusar de su poder sin que los consumidores puedan acudir a otras alternativas justifica esta diferencia de trato.

Esto no significa, en ninguna circunstancia, que las empresas que tienen poder en el mercado deban dejar de competir agresivamente. Todo lo contrario, lo que se pretende es que todos (grandes y pequeños) busquen siempre la preferencia de los consumidores.

En los últimos años, sin embargo, ha sido común ver llamados para atacar a las grandes empresas solamente por su tamaño. Esto ha promovido que, mediante regulaciones o de actuaciones administrativas, se pretenda garantizar la supervivencia de determinadas empresas en el mercado sin pensar que su posible salida se deba a razones de eficiencia.

La competencia implica siempre una lucha por la preferencia de los consumidores. Quienes ofrezcan mejores productos en las mejores condiciones tendrán el favor de sus clientes, y quienes no lo hagan corren el riesgo de salir del mercado. Así, la Ley no está diseñada para castigar el éxito, sino que pretende proteger el proceso competitivo para que los consumidores elijan a ganadores y perdedores. Castigar o prohibir acciones agresivas (pero legítimas) de empresas dominantes causaría precisamente lo opuesto a los objetivos de las leyes de competencia, ya que las empresas subirían sus precios o declinarían competir agresivamente para evitar sanciones. Esto, claramente, perjudica directamente a los consumidores que son más bien quienes deben ser protegidos.

De esta forma, la competencia que protege y promueve la Ley no se trata de si en el mercado hay muchas o pocas empresas, o de si son grandes o pequeñas. Lo importante es cómo ellas interactúan entre sí, buscando asegurar una competencia por méritos (y de que no haya barreras indebidas para que entren nuevos competidores o salgan los actuales). Con ello el gran favorecido será el consumidor, sin castigar a la empresa dominante por el hecho de serlo, sino solamente cuando abusa de su poder. Esto va en línea con la máxima de todo estado democrático, según la cual a nadie se le debe castigar por lo que es, sino por lo que hace.

Es cierto que el proceso de competencia puede ser cruel y despiadado, como también lo es que a veces genera la salida de empresas del mercado y su posible desaparición. Cuando esto ocurre por medios legítimos es precisamente lo que protege y promueve la Ley. En este contexto, tal y como lo dijo la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Spectrum Sports: “las leyes de competencia no están para proteger a los empresarios del funcionamiento del mercado, sino para proteger a los consumidores cuando éste no funciona correctamente”.

Nada de lo anterior significa que no deba protegerse de las pequeñas y medianas empresas. Por el contrario, parte de una política económica sana es promover el emprendedurismo. La forma de hacerlo, sin embargo, no es aislando a las empresas de las fuerzas del mercado, sino creando las condiciones para que puedan competir eficientemente, mediante el acceso a tecnología y a fuentes de financiamiento, insumos y conocimiento. De esta forma, se asegurará la sostenibilidad de estas empresas a lo largo del tiempo y, más importante aún, será a costa del bolsillo ni los intereses de los consumidores.

Originalmente publicado en el diario CR Hoy Noticias en el espacio de la Academia de Centroamérica

Uri Weinstok
Socio y Especialista en Competencia y Regulación
Costa Rica
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