La escasez de espacio disponible en el transporte marítimo para movilizar bienes, los exorbitantes incrementos de costes de este medio de transporte, cierres de puertos y de fábricas, así como saturación y retrasos de las operaciones en los puertos, son factores claves que influyen en la actual crisis de contenedores o crisis en la cadena de suministro.
Esto tiene como consecuencias el aumento en los tiempos de recepción de las mercancías, incremento en los costos logísticos y por ende del precio final de los bienes, así como eventuales desabastecimientos, tanto de materia prima como de bienes finales; situación que afecta a importadores y exportadores, a la producción nacional y en última instancia, al consumidor final.
Siendo que, al no tenerse una idea clara de cuándo se regularizará esta situación en el comercio internacional, se proyecta una recuperación a mediano o largo plazo, se hace necesario que se tomen medidas por parte de los diferentes sectores para mitigar, en lo posible, el impacto de la crisis de contenedores.
En este sentido, uno de los aspectos más alarmantes es el gran aumento en los precios del transporte marítimo, ya que se estima que en un año el precio se ha más que cuadriplicado. Lo cual no solamente eleva el costo logístico de flete sino también el pago final de impuestos de importación.
Al ser que Costa Rica utiliza como base imponible de los impuestos de importación el valor CIF (costo, seguro y flete) de las mercancías; al incrementar uno de los componentes de este valor aduanero, se cancelará finalmente un mayor monto de impuestos de lo usual. Todo lo cual es trasladado, en su totalidad o en parte, al consumidor final.
Debido a esto, se encuentran actualmente en estudio de la Asamblea Legislativa dos proyectos de ley que tienen como objetivo reducir de forma temporal el valor del flete de mercancías que se transportan por vía marítima hacia Costa Rica para efectos de la determinación de la base imponible de los tributos a la importación.
En este sentido, el expediente No. 22.769, denominado «Ley de Alivio Temporal por Costos de Trasporte Marítimo para las Importaciones Nacionales con el Fin de Mitigar la Crisis de los Contenedores«, pretende que en la Declaración Única Aduanera (DUA) se pueda consignar como valor de flete, para efectos del cálculo impositivo, el promedio de ese valor según los que había entre los años 2017 y 2019. Sin embargo, para establecer esos montos de manera técnica, será el Poder Ejecutivo quien emita la respectiva reglamentación aplicable.
Por su parte, el expediente No. 22.770, llamado «Valor del Flete de Mercancías Contenerizadas que se Transporten por Vía Marítima» propuesto por el Poder Ejecutivo, regula que, para efectos de la determinación de la base imponible de los derechos y tributos a la importación, se utilice el valor del flete de mercancías contenerizadas que se transporten por vía marítima con destino a Costa Rica, declarado de puerto a puerto; de acuerdo con una tabla de valores específica detallada en el proyecto que toma como referencia valores de fletes previos a la crisis de contenedores. Lo que reduciría la carga tributaria actual de las mercancías, haría más competentes los productos y afectaría en menor medida al consumidor final.
De igual forma, Costa Rica presentó un proyecto de resolución del Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) el cual pretende que, para efectos de la base imponible, se pueda calcular el elemento relativo al costo de transporte marítimo de las mercancías importadas conforme con parámetros objetivos y razonables, por ejemplo, que se considere un valor de flete equivalente al que existía, en promedio, en la “prepandemia”. El cual todavía se encuentra en estudio.
Por lo cual es fundamental que, como operadores de comercio exterior estemos pendientes del avance y aprobación o no de estos proyectos, así como su eventual implementación práctica.
No obstante, estas iniciativas solamente amortiguarían el problema de los altos fletes para el pago de impuestos, lo cual conllevaría un alivio temporal para los afectados con la crisis. Siendo necesario que también se tomen acciones encaminadas a facilitar y digitalizar los procedimientos aduanales, para agilizar las operaciones en los puertos, por ejemplo.
Igualmente, los operadores deben tomar las medidas de negocio necesarias para minimizar el impacto negativo al desarrollo de sus operaciones, tanto a corto como a largo plazo, tales como aumentar las compras en el mercado nacional, adquisición de materias primas en lugares más cercanos para minimizar los costos logísticos y tiempos de arribo, cambiar a medios de transporte aéreos y marítimos cuando sea factible; movilizar parte de su negocio a lugares más cercanos del lugar principal de operación (nearshoring), entre otros.
En una crisis que no se prevé que acabe pronto y de la cual ya se están viviendo las consecuencias en el país, es fundamental que todos los sectores involucrados trabajen en conjunto y desde su campo de acción para la implementación de actuaciones encaminadas a reducir el impacto negativo y sus secuelas.
Por Shermine Elizondo
Asociada BLP especialista en Aduanas
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